David Morales
El 18 de julio de 1872 falleció en el Palacio Nacional el presidente Benito Juárez García, considerado una de las figuras más trascendentales de la historia nacional. Su liderazgo durante la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa, así como la defensa del orden constitucional y la consolidación del Estado laico, marcaron el rumbo político del país. A más de siglo y medio de su muerte, su legado continúa siendo uno de los pilares de la identidad republicana mexicana.
Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, hoy Guelatao de Juárez. De origen zapoteco, quedó huérfano a temprana edad y hablaba únicamente su lengua materna cuando llegó a la ciudad de Oaxaca en busca de oportunidades. Gracias al apoyo de religiosos y maestros, estudió en el Seminario de Santa Cruz y posteriormente ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde obtuvo el título de abogado. El historiador Justo Sierra describió su trayectoria como uno de los ejemplos más representativos de movilidad social y formación intelectual en el México del siglo XIX.
Su carrera política comenzó como regidor, diputado local, diputado federal, gobernador de Oaxaca y ministro de Justicia. Desde este último cargo impulsó la Ley Juárez de 1855, primera de las disposiciones que integrarían las Leyes de Reforma, destinadas a limitar los privilegios del clero y del ejército y fortalecer la igualdad jurídica de los ciudadanos. Investigaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México señalan que estas reformas representaron el inicio de la transformación del Estado mexicano hacia un modelo liberal y secular.
Tras la promulgación de la Constitución de 1857, Juárez asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Cuando el presidente Ignacio Comonfort desconoció la nueva Constitución mediante el Plan de Tacubaya, Juárez asumió constitucionalmente la Presidencia de la República en enero de 1858, dando inicio a la Guerra de Reforma, enfrentamiento entre liberales y conservadores que se prolongó hasta 1861.
Con la victoria liberal comenzó una nueva etapa para el país, pero la difícil situación financiera llevó al gobierno a suspender temporalmente el pago de la deuda externa. La decisión fue utilizada por Francia como argumento para intervenir militarmente en México. Entre 1862 y 1867, Juárez encabezó la resistencia republicana frente al ejército francés y al gobierno del Maximiliano de Habsburgo. Durante esos años mantuvo en funciones al gobierno constitucional recorriendo distintas ciudades del país. Para el historiador Brian Hamnett, esa continuidad institucional fue determinante para impedir el reconocimiento internacional del Imperio y preservar la legitimidad de la República.
La restauración del gobierno republicano en 1867 permitió consolidar las Leyes de Reforma, incorporadas posteriormente a la Constitución. Estas establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado, la creación del Registro Civil, la secularización de los cementerios, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de cultos. La historiadora Josefina Zoraida Vázquez sostiene que dichas reformas sentaron las bases jurídicas del Estado mexicano contemporáneo y redefinieron la relación entre las instituciones civiles y religiosas.
Otro de los aspectos más relevantes de su administración fue el impulso a la educación pública. Juárez promovió el fortalecimiento de la instrucción laica, gratuita y bajo responsabilidad del Estado, convencido de que la educación era indispensable para consolidar la ciudadanía y el desarrollo nacional. Su pensamiento quedó sintetizado en una de las frases más citadas de la historia política mexicana, «Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz», pronunciada en un manifiesto dirigido a la nación en 1867 y reproducida ampliamente en documentos oficiales y estudios históricos.
En 1871 fue reelegido presidente, decisión que provocó la oposición de diversos sectores encabezados por Porfirio Díaz, quien proclamó el Plan de la Noria en contra de la reelección presidencial. Aunque el levantamiento fue sofocado, evidenció las tensiones políticas que caracterizaron los últimos años del gobierno juarista.
La noche del 18 de julio de 1872, Benito Juárez falleció en Palacio Nacional a causa de una angina de pecho, diagnóstico registrado por sus médicos personales y confirmado en los documentos oficiales de la época. Tenía 66 años de edad y se encontraba en funciones como presidente de la República. Su muerte provocó una profunda conmoción nacional. De acuerdo con las crónicas recopiladas por el Archivo General de la Nación, miles de personas acudieron a despedir al mandatario durante las ceremonias fúnebres celebradas en la capital.
Conforme a la Constitución, la Presidencia fue asumida de manera interina por Sebastián Lerdo de Tejada, quien continuó el proyecto liberal y convocó posteriormente a elecciones. La transición demostró la fortaleza que habían adquirido las instituciones republicanas impulsadas durante el gobierno juarista.
El legado de Benito Juárez permanece vigente en numerosos ámbitos de la vida pública. Su defensa del federalismo, de la división de poderes, de la legalidad y de la soberanía nacional continúa siendo un referente para las instituciones mexicanas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INEHRM y la Universidad Nacional Autónoma de México coinciden en que su obra política sentó las bases del constitucionalismo moderno y fortaleció el principio de que ninguna autoridad debe situarse por encima de la ley.
Fuente: Diario Avance