Patricia González/Desde el Cristal
Como se sabe, el ex gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, enfrenta actualmente una denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto vínculo con una red de tráfico ilegal de combustible, el llamado “huachicol fiscal”.
Conforme a la versión oficial la empresa Ingemar S.A, relacionada con Ruffo Appel, operó con cinco permisos del gobierno federal que le permitieron importar hasta 498 millones de litros de combustibles entre 2023 y 2024.
El cálculo estimado es que estas importaciones tenían un valor de unos 4 mil 700 millones de pesos.
Fue en 2023 cuando la Secretaría de Energía (Sener), autorizó cuatro permisos a Ingemar para importar desde Estados Unidos gasolina, diésel y turbosina.
Aunque tenía permisos en regla, tramitados bajo la administración de Rocío Nahle, la Fiscalía acusa a Ruffo estar a la cabeza de la “más grande red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos y distribución ilegal en el país”.
Por la cuestión del llamado “huachicol fiscal”, que consiste en introducir combustible con declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando volúmenes menores a los reales o declarando productos distintos para evadir impuestos, hay otras investigaciones. Tal es el caso de altos mandos de la Secretaría de Marina (SEMAR), en especial los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, familiares de quien fuera titular de la Semar, el almirante Rafael Ojeda Durán.
En red participaron varios funcionarios y empresarios, algunos metidos a la política.
Al referirse al proceso penal que enfrenta el exgobernador Ruffo Appel, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la empresa Ingemar incurrió en una “una doble violación a las disposiciones legales de importación”. Recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se revocó el permiso de importación a esta empresa; sin embargo, el Poder Judicial de esa época restituyó el permiso a Ingemar.
Aunque la mandataria atribuyó a la reforma energética impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto el otorgamiento de numerosos permisos a empresas privadas para la importación de combustibles. Aunque se redujeron “de manera importante” durante la administración de López Obrador, no desaparecieron.
Medios periodísticos señalan que hay investigaciones que involucran a otros personajes que violaron los controles de Pemex y de las Secretarías de Hacienda y de Energía para ingresar y operar en instalaciones estratégicas como la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia, para sus negocios ilícitos.
Queda por saber cómo obtuvieron jugosos contratos por miles de millones de dólares aunque fueran empresas recientemente constituidas.
EN LA MIRA
Hay quienes señalan que la acusación contra Ruffo Appel, miembro distinguido del PAN, y los expedientes guardados sobre otros político-empresarios, se manejan selectivamente. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias obligarán a que todo, o la mayor parte, se conozca. La época de la impunidad debe quedar atrás. Porque está demostrado que la corrupción se convierte en un riesgo para la seguridad nacional y la soberanía. Más todavía si hay gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos que utilizan la ineficacia contra los delincuentes como arma de presión y chantaje.
Fuente: Diario Avance