Padres de familia de la ranchería Jolochero segunda sección se manifestaron a las afueras de la escuela primaria local para denunciar públicamente al docente de cuarto grado, Luis Manuel Payró García, por ejercer violencia física y psicológica extrema en contra de al menos una decena de alumnos.
De acuerdo con los testimonios de las madres afectadas, el profesor implementa castigos humillantes que van desde jalar las orejas y arrojar los útiles al suelo, hasta amordazar a los menores colocándoles cinta adhesiva en la boca para evitar que lloren.
La alarma entre la comunidad escaló de forma crítica tras revelarse que el implicado amenazó de muerte a los estudiantes, advirtiéndoles que si delataban las agresiones en sus hogares, sus cabezas “aparecerían en un bote de basura”, lo que ha provocado crisis de llanto y terror en los infantes, quienes ahora se niegan a regresar a las aulas.
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Ante la gravedad de los hechos, que según los inconformes se han presentado desde hace un año, la comunidad escolar exige de igual forma la destitución inmediata de la directora del plantel, María Guadalupe Gallegos Rodríguez.
Las tutoras señalaron a la funcionaria como una autoridad “inepta” que ignoró deliberadamente múltiples reportes previos y ocultó la situación ante la supervisión escolar.
Asimismo, la acusaron formalmente de acudir a los domicilios particulares de las víctimas junto con el docente para intentar “comprar el silencio” de las familias y cancelar de última hora las reuniones generales donde se discutirían las anomalías, protegiendo así la impunidad del agresor.
Entre gritos de “¡Fuera el maestro!” y “¡Fuera la directora!”, los manifestantes hicieron un llamado urgente a las autoridades de la Secretaría de Educación, así como al gobierno estatal y federal, para que intervengan de manera inmediata en el plantel antes de que ocurra una tragedia mayor.
Los tutores advirtieron que la situación es insostenible y recalcaron que no permitirán que el profesor Payró García continúe al frente de ningún grupo, enfatizando que las plazas docentes deben otorgarse a profesionales con vocación y respeto hacia la integridad de la niñez, y no a individuos que actúan como delincuentes dentro del salón de clases.
Fuente: El Momento Tabasco