Villahermosa, Tabasco.-
LA LECCIÓN DE TABASCO
Los exámenes de control de confianza en México nacieron formalmente en enero de 2009, tras la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta legislación derivó de una reforma constitucional aprobada en junio de 2008, la cual determinó de forma estricta que ninguna persona podría ingresar o permanecer en las corporaciones policiacas si no estaba debidamente certificada.
EL ACUERDO
Ese mismo año se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el cual el gobierno federal, gobernadores y alcaldes se comprometieron a limpiar las instituciones en medio de la crisis de violencia generada por la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Con el nuevo marco legal se fundó el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) para regular a los centros de evaluación estatales, conocidos como C3. Aunque inicialmente se fijó un plazo estricto para evaluar al 100% del personal, el avance fue lento y en diciembre de 2012 se extendieron las prórrogas para evitar bajas masivas que dejaran sin fuerza operativa a los municipios.
El esquema obligatorio convencional se consolidó formalmente en diciembre de 2013. Actualmente, la ley exige que todos los policías operativos en México revaliden y aprueben estos exámenes cada tres años para mantener su empleo y la licencia de portación de armas.
EL CONFLICTO
Esta misma regulación federal es la que detonó el conflicto en Tabasco. El pasado jueves, alrededor de un centenar de agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGET) realizaron una protesta y bloquearon la avenida Paseo Usumacinta, frente a la sede de la institución.
Los manifestantes exigieron una nivelación salarial y el cese de lo que llamaron “despidos injustificados”; sin embargo, la dependencia aclaró que las bajas corresponden a elementos que reprobaron dichos exámenes.
REVISARÁN CASOS
Tras horas de presión vial, las autoridades y los inconformes alcanzaron un acuerdo provisional: recibirán mil pesos adicionales en vales de despensa y se revisarán los ceses caso por caso.
Este tipo de conflictos pone sobre la mesa un asunto en el que analistas señalan que no debe haber concesiones: un policía que no aprueba la evaluación se convierte en un elemento no apto para realizar tareas de seguridad.
Las pruebas actúan como un filtro indispensable para asegurar la integridad de las corporaciones mediante cuatro evaluaciones:
- Prueba poligráfica: Evalúa la veracidad del historial y el entorno del evaluado.
- Perfil psicológico: Mide rasgos de personalidad, control de impulsos y estabilidad emocional.
- Examen médico y toxicológico: Verifica la salud física y descarta el consumo de sustancias ilegales.
- Investigación socioeconómica: Comprueba que los bienes y el estilo de vida del policía coincidan con sus ingresos legales.
HAY RESISTENCIAS
A pesar de la rigidez de la norma, la depuración policial enfrenta serias resistencias en todo el país.
Estimaciones generales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y auditorías de organizaciones como Causa en Común señalan que, en diversos periodos, entre el 13% y el 40% de los elementos evaluados en el país no logran acreditar los exámenes.
Sin embargo, la aplicación de la ley es sumamente laxa: de los miles de agentes y mandos reprobados cada año, apenas entre el 1% y el 1.4% son cesados formalmente de forma inmediata.
- Por ejemplo, en auditorías enfocadas a un universo de más de 26,000 elementos reprobados que continuaban en activo en el país, las corporaciones reportaron la baja de únicamente 392 agentes en ese ciclo, lo que evidencia el enorme reto que tienen las autoridades para cumplir cabalmente con la certificación obligatoria que nació hace más de una década.
Fuente: Diario Presente – Tabasco