David Morales
El 25 de junio de 1856 fue promulgada la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas, conocida históricamente como Ley Lerdo. Considerada una de las disposiciones más importantes del movimiento liberal mexicano del siglo XIX, la legislación buscó modificar profundamente la estructura de la propiedad territorial del país al ordenar la venta de bienes pertenecientes a corporaciones eclesiásticas y civiles. Su impacto fue tan significativo que aún hoy forma parte de los debates históricos sobre la construcción del Estado mexicano, la reforma agraria y la relación entre la Iglesia y el gobierno.
La ley recibió su nombre por Miguel Lerdo de Tejada, funcionario del gobierno del presidente interino Ignacio Comonfort. De acuerdo con el historiador Jesús Reyes Heroles en El liberalismo mexicano, la medida formó parte de un amplio programa político impulsado por los liberales para modernizar la economía, fortalecer al Estado y disminuir el poder económico acumulado por instituciones corporativas, especialmente la Iglesia católica.
A mediados del siglo XIX una parte considerable de las propiedades urbanas y rurales del país pertenecía a corporaciones religiosas, ayuntamientos, cofradías y comunidades indígenas. Estas tierras eran conocidas como bienes de «manos muertas» porque, al pertenecer a instituciones permanentes, rara vez podían venderse o circular libremente en el mercado. Según explica el historiador Daniel Cosío Villegas en Historia Moderna de México, los liberales consideraban que esta situación limitaba el desarrollo económico y obstaculizaba la formación de una clase media propietaria.
La Ley Lerdo ordenó que las corporaciones civiles y religiosas vendieran sus propiedades a particulares. Los arrendatarios tenían prioridad para adquirir los inmuebles que ocupaban. El objetivo declarado era promover la propiedad privada, estimular la actividad económica y aumentar la recaudación fiscal del Estado. Documentos analizados por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México muestran que el gobierno esperaba también debilitar la influencia política y económica de la Iglesia católica, una de las instituciones más poderosas del país desde la época virreinal.
La reacción fue inmediata. Sectores conservadores y eclesiásticos rechazaron la medida al considerarla una violación al derecho de propiedad y un ataque contra la Iglesia. Por el contrario, los liberales la defendieron como una herramienta indispensable para modernizar a México. El historiador Andrés Lira señala que la ley se convirtió en uno de los principales puntos de confrontación ideológica entre liberales y conservadores, una disputa que desembocaría pocos años después en la Guerra de Reforma (1858-1861).
Las consecuencias de la legislación fueron complejas y continúan siendo objeto de análisis. Si bien la ley contribuyó a reducir el patrimonio inmobiliario de la Iglesia y fortaleció el proceso de secularización del Estado, numerosos estudios han demostrado que los beneficios no siempre llegaron a los pequeños arrendatarios que los liberales imaginaban. El historiador Jan Bazant documenta en Los bienes de la Iglesia en México (1856-1875) que una parte importante de las propiedades terminó en manos de inversionistas, comerciantes y grandes propietarios con capacidad económica para adquirirlas.
Uno de los aspectos más debatidos fue el impacto sobre las comunidades indígenas. Diversas investigaciones de El Colegio de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que, aunque la ley no estaba dirigida específicamente contra los pueblos originarios, muchas comunidades perdieron tierras comunales durante el proceso de desamortización, lo que contribuyó a la concentración de la propiedad en algunas regiones del país.
La Ley Lerdo se convirtió posteriormente en una pieza fundamental de las llamadas Leyes de Reforma, junto con la Ley Juárez y otras disposiciones que redefinieron la relación entre la Iglesia y el Estado. Para historiadores como Jesús Reyes Heroles, estas reformas sentaron las bases del Estado laico mexicano y de una nueva concepción de ciudadanía sustentada en instituciones civiles más que religiosas.
Fuente: Diario Avance