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"El caso del Rancho Izaguirre en Jalisco es uno de los capítulos más oscuros y escalofriantes de la historia reciente del crimen organizado en México. El hallazgo de restos humanos en ese predio, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, reveló la magnitud de las desapariciones forzadas en el país y la brutalidad con que algunos grupos criminales operan en zonas donde el Estado ha tenido presencia insuficiente. Que la Fiscalía General de la República (FGR) haya tenido que defender públicamente su manejo forense del caso ante presiones de familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos no es sorprendente. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México han demostrado en múltiples ocasiones que cuando el Estado no actúa con la debida diligencia, son las propias familias quienes impulsan las investigaciones y exigen resultados. Su presión no es comodidad: es una necesidad impuesta por la ausencia histórica de respuestas institucionales. Desde Choco Informado queremos reconocer el dolor y la valentía de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. En Tabasco, como en todo el país, hay familias que llevan años sin saber el paradero de un hijo, un hermano, un esposo. La crisis de desapariciones en México no es solo un fenómeno del occidente o del norte del país; es una tragedia nacional que requiere una respuesta institucional coordinada, con recursos suficientes y con la participación activa de los colectivos de búsqueda. La FGR tiene la obligación de garantizar que el trabajo forense en casos como el Rancho Izaguirre cumpla con los estándares internacionales de documentación, preservación de evidencias y comunicación transparente con las familias. Cualquier desliz en esos procedimientos no solo afecta la investigación penal sino que prolonga el sufrimiento de quienes buscan una respuesta. Desde Choco Informado pedimos que el caso Rancho Izaguirre tenga la atención sostenida que merece y que las familias de las víctimas reciban la verdad completa sobre lo ocurrido. La justicia no puede esperar indefinidamente cuando hay vidas truncadas que merecen ser identificadas y dignificadas."
FGR defiende manejo forense en Rancho Izaguirre a desapariciones tras presión de familias
La Fiscalía General de la República (FGR) defendió este lunes el manejo forense de un predio vinculado a desapariciones en el estado de Jalisco, tras permitir la visita de colectivos de búsqueda en medio de crecientes presiones para ampliar el acceso, en uno de los casos recientes más visibles de la crisis de desapariciones en el país, que supera los 133,000 casos.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, dijo en un mensaje a medios que integrantes de estos colectivos acudieron el 10 de abril al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, con autorización judicial y bajo supervisión oficial.
“Durante la diligencia que referimos, se brindó información a las personas integrantes de los colectivos, quienes participaron en calidad de observadoras en las áreas previamente procesadas, sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios”, indicó Lara.
El rancho, -descrito por la Fiscalía como un “campo de adiestramiento, operado por una organización criminal”- es investigado por autoridades federales desde marzo de 2025, cuando se tuvo conocimiento de la operación del lugar por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el sitio se localizaron cientos de prendas de vestir y objetos personales, de acuerdo con colectivos de búsqueda, que podrían estar vinculados a personas desaparecidas y continúan bajo análisis forense.
La Fiscalía señaló que los indicios son procesados por el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), mientras peritos trabajan en el lugar de forma continua desde el inicio de las investigaciones.
El colectivo Guerreros Buscadores denunció en marzo que, a un año del hallazgo del predio, continúan localizando restos humanos y prendas en sus inmediaciones.
El 8 de marzo de 2025, el mismo colectivo reportó haber identificado un presunto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar en el lugar unos 1,800 indicios, entre zapatos, ropa y objetos personales.
Posteriormente, el Gobierno indicó que el sitio habría sido utilizado como centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG.
El caso se enmarca en la crisis de desapariciones en México, donde grupos criminales han sido señalados por el uso de predios para actividades ilícitas.
México supera las 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.
El caso también cobró relevancia internacional al atraer la atención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), que recientemente llevó la situación de México ante la Asamblea General.
La acción generó el rechazo del Gobierno, que calificó como “sesgada” la postura del organismo, que por su parte, advirtió indicios de prácticas “sistemáticas” de desaparición forzada en el país.
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Fuente: Ahora Tabasco